Los Mossos d'Esquadra han pedido formalmente al Barcelona que entregue la 'due dilligence' que la junta directiva de Joan Laporta realizó durante los últimos meses y que concluyó a finales del mes de septiembre, según una información de SER Catalunya. Además, también reclama la auditoría 'forensic' -más profunda sobre varios aspectos controvertidos- que empezó tras la 'due dilligence' y que todavía no ha terminado. En ellas se encuentra documentación que la policía catalana considera de interés en el marco de la investigación del 'Barçagate', ya que según el oficio policial, "la expresada due dilligence habría comprobado la existencia de contratos compartimentados para evitar los controles internos del club, lo que vendría a confirmar los hallazgos realizados por esta Unidad Central de Investigación, junto a otros extremos que podrían tener vínculo con la investigación en curso".
Durante estos dos próximos meses de noviembre y diciembre, varios testigos tendrán que sentarse ante la jueza Alejandra Gil para declarar sobre el asunto del 'Barçagate', la contratación por parte del Barcelona de una empresa que se dedicaba a difamar y menospreciar en las redes sociales a miembros del entorno del club como expresidentes, exdirectivos, exjugadores, candidatos a la presidencia, políticos e incluso jugadores de la plantilla como Gerard Piqué. Además, el precio total del contrato fue fraccionado en varias partes inferiores a 200.000 euros, una cifra que evitó todos los controles internos. Es por ello que los Mossos piden ahora toda la documentación relativa a la 'due dilligence' a la nueva directiva de Laporta.
Bartomeu tenía contratos e informes originales en casa
En una nueva extensión del sumario judicial, los Mossos detallan que el expresidente Josep Maria Bartomeu disponía en su domicilio particular de cinco contratos originales relacionados con la contratación de dichos servicios, considerados únicamente de monitoreo y análisis por la anterior junta directiva. Dicha documentación pertenece a los contratos firmados con las empresas I3Ventures (198.000€), NSG Chile (198.000€), Coyote Express (180.000€), Futuric SA (172.500€) y IT Uruguay (199.200€). En el escrito, la policia expresa de cada uno de dichos contratos, que "parece ser otra copia firmada del contrato, dado que las firmas no coinciden con las que constan en el documento entregado por el FCB en su día".
Entre la documentación, los Mossos también encontraron el informe que publicó la Cadena SER con las cuentas en las redes sociales y su seguimiento. Sin embargo, dicho informe también es original, sin marca de agua de la emisora y con una página añadida. "Dispone de una hoja final que no consta en el informe de la SER que se puede encontrar y descargar en la página web de la expresada cadena, lo que significaría que el documento no fue descargado de la web sino que se obtuvo directamente de su fuente, I3 Ventures SL i/o NiceStream", dice el texto policial.
Qué decir ante las acusaciones
En anotaciones manuscritas de Bartomeu, los Mossos encontraron una especie de manual de defensa tras la explosión del caso 'Barçagate' y de la auditoría encargada por el mismo club a Price Waterhouse Coopers, una auditoría que la policía catalana consideró sesgada y partidista. El expresidente anotó cinco puntos importantes a destacar:
- "Recomendado muy próximo Gobierno"
- "Distribuido áreas club"
- "Monitorizamos sí, acciones fake no"
- "Price = valoración contratos y servicios recibidos"
- "Compliance-relación contratos accionistas"
Tras la difusión de la noticia, Bartomeu y su junta directiva expresaron exactamente dichos puntos ante la prensa. En primer lugar, que alguien próximo al Gobierno de Madrid había recomendado la contratación de esta empresa. En segunda instancia, que el fraccionamiento de contratos se había hecho porque los servicios se distrbuían entre varias áreas de la entidad. En tercer lugar, el club insistió en que la finalidad de la contratación era la de monitorizar las redes sociales y, en ningún caso, crear cuentas para difamar a nadie. Sobre el cuarto punto, Price Waterhouse Coopers concluyó que no había habido sobreprecio en el acuerdo en base a los servicios prestados por las empresas, aunque sí dijo que faltaban trabajos por hacer. Y para terminar, el informe de la Compliance Officer, que fue apartada de su lugar de trabajo y posteriormente despedida de forma improcedente -hay sentencia judicial-, señaló que las empresas contratadas estaban todas relacionadas por tener el mismo propietario.