Durante meses, incluso años, el relato oficial difundido por el FC Barcelona fue el de negar haber encargado la creación de cuentas en las redes sociales para proteger la reputación del club y del presidente Josep Maria Bartomeu. Desde el primer momento en el que saltó la noticia del 'Barçagate' en la Cadena SER, los responsables de la entidad blaugrana se hicieron fuertes defendiendo únicamente la contratación de una monitorización de redes y negando rotundamente conocer -y mucho menos haber solicitado- la intervención en ellas con la publicación de mensajes dirigidos. Lo negó Bartomeu en entrevistas a RAC1 y Catalunya Ràdio y lo negaron el portavoz y el jefe de los servicios jurídicos del club en una rueda de prensa en julio de 2020. Sin embargo, tras haber analizado varios dispositivos durante la instrucción judicial del caso, los Mossos d'Esquadra certifican que el Barcelona sí encargo la creación de esas cuentas y la intervención en las redes.
En un informe al que han tenido acceso GOAL y "SER Catalunya", la policía catalana expone que, para la confección de la auditoría que el club blaugrana presentó tras el escándalo, se manipularon documentos, entre los cuáles está el encargo real a la sociedad Nicestream. "El trabajo de PwC estuvo condicionado por la documentación fabricada por los investigados, que manipularon la información que entregaron a la empresa auditora", escriben los Mossos, que encontraron en el dispositivo de Jaume Masferrer -la mano derecha de Bartomeu- un documento con el encargo real a la empresa y otro con las modificaciones pertinentes antes de entregarlo a PwC, editado en 2020 y que luego el club hizo público. En el documento original de 2017 se expone el plan de trabajo a doce meses, en el que se incluye la "creación de canales no oficiales" y la "intervención, operación y SEO", algo que fue "censurado en el documento enviado a PwC". De hecho, incluso se modificó el sujeto del supuesto trabajo reputacional: en el documento editado, a quién se debía defender eran al FC Barcelona y a su presidente; en el encargo real, únicamente a Bartomeu.
La policía certifica, además de la modificación de documentación original, que los dispositivos entregados a PwC para su análisis no fueron los utilizados por los investigados durante su etapa en el club, sino que fueron sustituidos y escondidos a raíz de la explosión del caso en la Cadena SER. "Uno de los principales problemas del análisis es que, a raíz de la publicación en prensa de los hechos relacionados con las redes sociales vinculadas a I3Ventures y Nicestream, y al día siguiente que PwC pidiera el clonaje notarial de los dispositivos de algunos trabajadores del FC Barcelona, alguien des del club dio instrucciones al jefe del Departamento de Informática (sr Sergio Jerez) para coger los teléfonos de los investigados y preservarlos. Se desconoce con qué finalidad y dónde se custodiaron. Lo que se están analizando para esta unidad son los teléfonos que les sustituyeron".
En una conversación entre Jaume Masferrer y el mismo Sergio Jerez del 6 de marzo de 2020 intervenida por la policía, la mano derecha del presidente le reconoce al jefe de Informática que esos móviles están guardados: "Hola Sergi, han passat ja uns dies i no tinc notícies dels nous iphone i MacPro. Ho dic perquè tenim urgència en custodiar els antics. Ja em dius, merci. (Hola Sergi, han pasado unos días y no tengo noticias de los nuevos iPhone y MacPro. Lo digo porque tenemos urgencia en custodiar los antiguos. Ya me dices, gracias)".
Pagos a periodistas
Además, los Mossos encontraron mensajes en los dispositivos móviles que demostrarían que Bartomeu pagó dinero a periodistas para que le defendieran y atacaran a opositores: "antes y a raíz de la cancelación de los trabajos con Nicestream, JM Bartomeu habría ordenado pagos a periodistas afines, incluso falsificando facturas. Estos periodistas actuarían, como se verá en los mensajes localizados, para defenderlo a él y difamar candidatos rivales que se presentaban a las elecciones del FC Barcelona".
En este sentido, el mismo presidente Bartomeu envió un escrito a la jueza Alejandra Gil negando haber pagado a periodistas y pidiendo que la magistrada requiera a los Mossos "de manera inmediata y urgente" las pruebas que deben certificar las acusaciones formuladas. "Es absoluta y radicalmente falso", escribe el abogado del expresidente, José María Fuster Fabra.