El próximo miércoles 6 de octubre, el CEO del Barcelona, Ferran Reverter, explicará los detalles de las auditorías que el club ha llevado a cabo durante los últimos meses para esclarecer la situación económica real de la entidad azulgrana. En dichas 'due dilligence', el Barça ha encontrado varias situaciones delicadas que ya han sido definidas por el mismo presidente Joan Laporta como "preocupantes". En varias intervenciones, el máximo dirigente culé ha dejado entrever que algunos casos pueden considerarse "errores, irregularidades, situaciones presuntamente delictivas y otras presuntamente corruptas".
Según han podido saber Goal y SER Catalunya, dichos asuntos se están investigando ahora en una auditoría extra llamada 'forensic'. El club contrató cinco 'due dilligence' destinadas a conocer cómo la entidad había llegado a la situación económica actual, con más de 480 millones de pérdidas y una deuda superior a los 1.400 millones de euros. Dichas 'due dilligence' fueron dirigidas a cinco áreas concretas: deportiva, económica, legal, laboral y patrimonial, incluyendo en esta última todo el proyecto del Espai Barça, el nuevo Camp Nou, Palau Blaugrana, Estadi Johan Cruyff y la adecuación de todo el entorno del estadio situado en el barrio de Les Corts.
Una vez concluídas las 'due dilligence', a la junta directiva y al nuevo CEO no le quedaron claras varias operaciones. Dichas operacione se aislaron y fue entonces cuando el club encargó una nueva auditoría, más profunda, más específica, para investigar todos los detalles de los casos más extraños y escandalosos. Entre ellos, el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà en concepto de molestias por ruido y polvo durante la demolición del Miniestadi. Este caso fue también publicado por Goal y SER Catalunya y comportó una preocupación extra a la directiva de Laporta, que quiere conocer de primera mano qué sucedió para pagarle más de un millón de euros al club de tenis vecino sin una lógica aparente.
Además, hay varios contratos delicados a los que los nuevos gestores todavía no han encontrado explicación. Algunos de ellos, cercanos a los 200.000 euros, la cifra límite por la cuál dichos acuerdos deben ser aprobados por el Comité de Adjudicaciones, un mecanismo de control en el cuál se encuentran miembros de la junta directiva. En el caso del Barçagate, la cifra de más de 1 millón de euros fue fraccionada en varios contratos menores a 200.000 euros, hecho que impidió que la junta de Bartomeu conociera los detalles del acuerdo. Según cuentan fuentes cercanas a la junta, en estos momentos se están investigando con lupa algunos de estos contratos, algunos, presuntamente sin ningún trabajo realizado para el Barcelona.