La posibilidad de que los jugadores profesionales del fútbol colombiano hagan un cese de actividades en plena disputa de los campeonatos locales está latente.
Por lo menos esa es la sensación y la lectura entre líneas que se puede hacer de la situación, luego de conocerse las conclusiones a las que llegó Acolfutpro tras su reunión con representantes de la Dimayor.
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Según la Asociación de futbolistas, los encargados de hablar en voz de la División Mayor "se negaron a negociar nuestras peticiones", determinación que los llevará a consultar "con nuestros asociados las acciones a seguir". Y el paro, como lo manifestó Acolfutpro desde el inicio de las protestas, es una de ellas.
El principal argumento presentado por Dimayor es que la crisis económica que atraviesan los clubes profesionales hace inviable cumplir con la totalidad del pliego de peticiones presentada. Entre otras solicitudes, los futbolistas exigen una mejora en "el calendario de competiciones, los horarios de los partidos, protección en el trabajo, el apremio de moderar el régimen disciplinario, la minuta única de contrato de trabajo y resolver los problemas del campeonato femenino de fútbol, así como la discriminación y el acoso laboral".
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Ramón Jesurún (presidente de la Federación), Jorge Enrique Vélez (presidente de Dimayor), Gabriel Camargo (presidente del Deportes Tolima), Eduardo Méndez (presidente de Santa Fe) y Enrique Camacho (presidente de Millonarios), fueron los encargados de darles a conocer su posición a los jugadores, en a reunión que tuvo lugar, según fuentes extraoficiales, cediendo a la presión pública que generaron las diferentes protestas de los deportistas en el inicio de cada partido de primera y segunda división.
Es decir, Acolfutpro ganó una batalla, pero no la guerra. Guerra que parece no tendrá un buen desenlace, por lo menos en el corto plazo, teniendo en cuenta la distancia en las posiciones de los bandos. Incluso, se habla también que la Dimayor invitó a los jugadores para revisar los estados financieros de los clubes en la Superintendencia de Sociedades constatando la delicada situación económica que cierra las puertas al diálogo.