Dinero, suspicacias y audios ilegales. Con esos ingredientes se han escrito varias novelas de intriga. O alguna serie de televisión. Y con esos mismos ingredientes se está sazonando, y también escribiendo, con renglones torcidos, una historia que salpica al fútbol español. Al grano: A nivel económico, la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí fue una operación brillante para nuestro fútbol. Para los clubes, para el fútbol base y para la federación. Potenciaba el caché de un trofeo venido a menos, arrinconado como un juguete viejo; exportaba la marca de varios clubes lejos de nuestras fronteras; suponía una importante inyección económica para nuestro fútbol; y podía - eso nos vendieron-, contribuir a mejorar el futuro desarrollo del fútbol femenino en Arabia. Desarrollo que, por cierto, hoy sigue por debajo del nivel del suelo y que habrá que seguir potenciando en el futuro.
En el apartado legal, la operación se ajusta a la normalidad. La RFEF, con el visto bueno de la Asamblea del fútbol, cerró una operación por 240 millones, recurriendo a una empresa, ‘Kosmos’, que prestó servicios de intermediación y recibió una comisión. Lo habitual en este tipo de situaciones. Aquí conviene señalar dos matices: primero, la comisión corrió a cargo de los saudíes, no de la RFEF; y segundo, estos hechos ya aparecieron publicados en los medios de comunicación allá por 2019. Entonces ¿dónde está la novedad? Pues en unos audios publicados por “El Confidencial”, donde se escuchan conversaciones privadas entre el presidente Rubiales y el CEO de la empresa que comisionó, Gerard Piqué. Audios obtenidos de manera ilegal según la RFEF, algo que no se puede ni debe obviar, porque en el ente federativo creen que todo esto forma parte de una campaña de acoso y derribo.
La manera de obtener esos audios importa. No todo vale. Y como en el caso de los famosos audios de Florentino Pérez, que todo hijo de vecina divulgó, salvo contadas excepciones, la obtención de esos audios debe ser esclarecida. Luego está la naturaleza y contenido de esos audios, que en este asunto de la Supercopa resultan material inflamable, porque las preguntas se agolpan. ¿Existe o no existe un conflicto de intereses en esta operación? ¿Se vulnera el código ético de la RFEF? ¿De verdad era la empresa de Piqué la más indicada para intermediar en una negociación entre la RFEF y Arabia Saudí? ¿Es admisible que participen en una negociación una federación y un jugador en activo de un equipo que jugaba ese torneo y que, además, es dueño de un club adscrito a esa misma federación?
Más cuestiones sobre la mesa. ¿Saldrán más audios, obtenidos ilegalmente según la RFEF, sobre este asunto? ¿Qué pasa por la cabeza de cualquier aficionado, sea del equipo que sea, cuando escucha extractos de una conversación privada donde uno de los capitanes del Barça sugería al presidente de la Federación el dinero que debían cobrar los equipos participantes? ¿Qué puede pensar un aficionado del Atlético cuando escucha al presidente de la RFEF, que por extensión es el jefe de los árbitros, decir en un audio, en tono socarrón, “Tomás dice que va a ganar la Liga el Atleti, pobrecito”?
Por el momento, no hay nada ilegal en este asunto. Se validó por órganos preceptivos de la RFEF. La cuestión es el debate moral y ético que plantea. Y por supuesto, las suspicacias, ruido y sospechas que genera. Tanto si los audios se obtuvieron de manera ilegal como si no, a Luis Rubiales hay que pedirle que aporte su versión sobre la secuencia de los hechos. Es la mejor manera de demostrar que no hay nada que esconder. Y a Gerard Piqué, ex jugador de la selección, futbolista en activo del Barça y dueño del Andorra, hay que pedirle lo mismo. Primero, porque si tampoco tiene nada que esconder, podrá responder preguntas y ofrecer su versión. Y segundo, por pura coherencia. Si en su día Piqué mostró un especial interés en conocer todos los detalles de aquellos audios de Florentino, ahora se enfrenta a la obligación moral de hablar de los suyos. Y cuanto antes, mejor.
Rubén Uría