El despido de Noelia Romero como 'compliance officer' del FC Barcelona fue una represalia por haber investigado internamente el 'Barçagate'. Así lo ha dictaminado el juez Juan Manuel Fernández Pérez, magistrado titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona en una sentencia en la que concluye que el club tomó medidas contra su empleada tras la investigación iniciada para esclarecer cómo se había producido la contratación por parte del club de una empresa que se dedicaba a difamar, desprestigiar, atacar y criticar a varios miembros del entorno de la entidad blaugrana a través de las redes sociales. Los mensajes, publicados en Twitter, Facebook e Instagram, tenían el objetivo de defender la gestión de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu y señalar a varias personas del entorno críticas con el presidente, entre las cuáles se encontraban exentrenadores como Pep Guardiola, exjugadores como Xavi Hernández, expresidentes y excandidatos como Joan Laporta y Víctor Font, empresarios como Jaume Roures, políticos, periodistas, medios de comunicación e, incluso, algún jugador de la plantilla actual como Gerard Piqué.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Goal, estima parcialmente la demanda de Noelia Romero, que pedía la nulidad del despido, así como también la improcedencia y una indemnización de 300.000 euros por daños y perjuicios causados por la imagen que el club proyectó de ella durante los últimos meses. El juez Martínez le ha dado la razón en cuanto a la improcedencia, con lo cuál condena al Barcelona a readmitirla en su puesto de trabajo o a indemnizarle con 14.717,37 euros. No se aceptó la nulidad, como tampoco los daños y perjuicios, al no considerarse probados. Romero fue despedida, según el magistrado, "porque la dirección del FCB interpretó que su actividad investigadora a propósito del 'Barçagate' era una inaceptable intromisión en un asunto que escapaba a su competencia, toda vez que esa actividad había sido encargada a la empresa PwC. También interpretó que los informes emitidos por la actora podían ser comprometedores, tanto para el Sr. Bartomeu, como para el Sr. Gómez Ponti [jefe de los servicios jurídicos del club]. Y no es lo mismo un informe comprometedor de un tercero que uno procedente de la propia entidad". Dicho lo cuál, el juez considera que el despido es improcedente ya que "debe concluirse que la demandante no cometió ninguna falta muy grave o grave susceptible de ser sancionada con un despido disciplinario".
Noelia Romero empezó a investigar internamente el caso de las redes sociales el 18 de febrero de 2020, el día siguiente a la divulgación de los hechos por parte de la Cadena SER Catalunya. A partir de ese momento, según la 'compliance officer', tanto Bartomeu como Gómez Ponti empezaron a ponerle trabas, como la incapacidad para acceder a varias carpetas del sistema -consta en la sentencia- o la reducción del presupuesto para contratar servicios externos de consultoría, extremo que no ha quedado probado en el juicio. De hecho, el juez Fernández asegura que "la relación con la dirección del FCB discurrió sin incidencias destacables hasta que la actora decidió iniciar en el mes de febrero una investigación a propósito del denominado 'Barçagate'". Reproducimos un párrafo escrito por el juez en la sentencia como resumen de lo sucedido. Siempre según interpretación judicial:
"Dada la gravedad del asunto y su repercusión mediática, a partir de ese momento se precipitaron y sucedieron los acontecimientos que se han registrado en el factum. Parece evidente que el presidente del FCB interpretó la conducta de la actora como una intromisión innecesaria, ya que la Junta Directiva había encargado una auditoría a la empresa PwC sobre los mismos hechos. De ahí que en fecha 6 de marzo de 2020 el Sr. Bartomeu, presidente del CFB en ese momento, remitiera a la actora un correo electrónico para que le informara de la existencia o no de alguna investigación relacionada con la motorización de las redes sociales. Ese estado de cosas se complica cuando la actora entrega a dos de los miembros del Comité de Compliance un informe inicial sobre el caso “Barçagate” en el que se insinúa la posible comisión de hasta dos delitos. Los tres miembros del Comité de Compliance deciden entregar el informe a la que entonces era la secretaria de la Junta Directiva, la Sra. Teixidor, con el fin de que sea valorado en el seno del máximo órgano rector del FCB. El Sr. Bartomeu se opone, pretextando que el examen de ese informe debe diferirse al momento en que se reciba el de la auditoría de PwC. Esa decisión provocará la dimisión de seis directivos y su sustitución por otros tantos. En lo que aquí importa, los Sres. David Bellver, tesorero del club y la Sra. Marta Plana, secretaria de la Junta Directiva del club, se integran en ese momento en el Comité de Compliance y muestran de inmediato una actitud beligerante hacia la actora, cuestionando su actuación y exigiéndole determinada documentación. Este juzgador desconoce los arcanos de la guerra que se desató en la dirección del club, pero parece evidente que los nuevos miembros del comité, tras alinearse en un bando concreto, se propusieron dificultar la actividad profesional de la actora".
Testigos en las trincheras
El juez tuvo en cuenta, y así dejó constancia en la sentencia, que varios de los testigos aportados por las partes tienen una relación de afinidad o de enemistad con Noelia Romero, con lo cuál sus declaraciones tuvieron poco peso. En el caso de Román Gómez Ponti, exjefe de los servicios jurídicos del club durante la etapa de Bartomeu, "se le ha conferido un valor probatorio muy limitado, ya que expresó una evidente animadversión hacia la actora, dejando entrever una relación conflictiva o de manifiesta enemistad, seguramente porque es una de las personas señaladas en los informes elaborados por aquélla y porque está imputado en el caso 'Barçagate'". Tuvieron relativo valor, también, las declaraciones de los exdirectivos Jordi Calsamiglia, Enric Tombas, Maria Teixidor [dimitieron tras explotar el escándalo] y del también exdirectivo David Bellver, que ocupó la posición de Tombas en el Comité de Compliance una vez dimitieron los seis directivos. "A este juzgado no le pasó desapercibido que esos tres testigos mostraron una singular afinidad con la actora, del mismo modo que los testigos de la empresa evidenciaron una marcada hostilidad, especialmente los Sres. Bellver y Gómez Ponti", manifiesta el juez.
