El Barçagate volvió este martes a ocupar varias horas de juicio, esta vez por la suspensión de empleo y sueldo y posterior despido de la Compliance Officer, Noelia Romero. La extrabajadora del club considera que su suspensión y despido se debió a una venganza por la investigación interna que inició el 18 de febrero del 2020, justo el día siguiente de la explosión del caso Barçagate en la Cadena SER, y pide la nulidad del proceso y una compensación por daños y perjuicios de 300.000 euros. El Barcelona defendió que tanto la suspensión como el despido no tuvieron nada que ver con el caso de las redes sociales sino con una mala praxis profesional, aunque la mayoría de las intervenciones, tanto de las partes como de los testigos, se centraron precisamente en el Barçagate. "El despido es directamente una represalia", dijo Jordi Calsamiglia, exdirectivo del club durante cinco años y uno de los miembros del Comité de Compliance hasta que dimitiera el 9 de abril de 2020 precisamente por este caso junto a otros cinco directivos.
Con Calsamiglia, también dimitieron en su momento Maria Teixidor y Enric Tombas. Ambos declararon como testigos en el juicio y quisieron dejar claro que el trabajo de Romero fue impecable. "Hizo una excelente labor", dijo Tombas, exvicepresidente económico durante la etapa de Josep Maria Bartomeu. Noelia Romero quiso entregar un primer informe sobre el caso a la junta directiva el día 1 de abril pero el presidente se lo impidió. Así lo relataron tanto Teixidor, como Tombas. "Contacté con el CEO y el presidente para incluirlo en el orden del día, pero el presidente prefirió que se terminase primero la auditoría externa encargada a Price Waterhouse Coopers", comentó la exsecretaria de la junta y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia. Romero terminó el informe y lo envió unilateralmente a todos los miembros de la junta directiva el día 2 de junio de 2020, tres días antes de ser suspendida de empleo y sueldo.
Los tres exdirectivos dieron veracidad al informe de la Compliance Officer, que señalaba las irregularidades cometidas en el proceso de contratación de las empresas para llevar a cabo la tarea sobre las redes sociales. Ese informe fue dipositado por los seis directivos dimitidos ante un notario de Barcelona. Cabe recordar que el ex CEO del club, Òscar Grau, y el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, señalaron a Bartomeu como el responsable de la contratación de dichas empresas. El mismo Gómez Ponti, testigo aportado por el club a esta causa, consideró que Romero había "falseado" ese informe y que tenía "rigor cero", además de denunciar que la misma Compliance intentó entrar "de forma ilegítima en mis carpetas" durante su investigación. Además, Gómez Ponti insistió, tal y como ya hizo en la declaración del día 7 de junio, en que Romero "trabajaba de forma individual y arbitraria".
También declaró el ex directivo David Bellver, que entró en la junta en enero de 2020 y quién tomó el cargo en el Comité de Compliance cuando dimitieron los seis directivos. Bellver criticó el trabajo de Romero y justificó que el Barça se gastara 75.000 euros en contratar un informe a la empresa KPMG para que auditara el trabajo de la Compliance y así justificar el despido disciplinario, que se produjo, según el exdirectivo, a razón de no atender las peticiones de documentación de KPMG. "No respondió nuestros los mails o los respondía muy tarde", argumentó Bellver. El informe de KPMG dejó varias conclusiones relativas a la falta de rigor de Noelia Romero, aunque el gerente de la misma auditora admitió no haber recibido toda la información. "Había 23 denuncias internas al Comité de Compliance, ¿en su informe las expuso todas?", preguntó el abogado de la Compliance despedida. "Solo me llegaron 11 denuncias", explicó Enric Olcina. También hubo contradicciones en ciertos documentos que las partes expusieron, sobre todo relativas a las firmas de dicha documentación.