Los clubes argentinos acuerdan ir a la huelga por la «persecución judicial» del presidente de la AFA, Claudio Tapia

La decisión de suspender todas las actividades se tomó rápidamente después de que un juez citara a Tapia a declarar el 5 de marzo como parte de una investigación sobre la presunta malversación de cotizaciones a la seguridad social. El caso, que ha intensificado las fricciones entre la federación de fútbol y las autoridades gubernamentales, se desencadenó a raíz de una denuncia formal presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los dirigentes futbolísticos del país han reaccionado con furia ante estos acontecimientos, considerando la intervención judicial como un ataque al organismo rector de este deporte, según informa ESPN.

El comité ejecutivo de la liga profesional no dudó en mostrar un frente unido durante una reunión de alto riesgo para discutir la crisis. En una muestra de solidaridad con Tapia, quien ha supervisado la reciente era de dominio internacional de la selección nacional, el comité resolvió por decisión unánime suspender todos los partidos de primera división y otros partidos de liga programados para principios de marzo. El cierre tiene como objetivo enviar un mensaje claro al poder judicial y a las autoridades fiscales con respecto al trato injusto percibido hacia los dirigentes de la AFA.

La AFA confirmó los detalles de la protesta tras la resolución del comité ejecutivo. En un comunicado oficial, el organismo rector declaró que la huelga se llevaría a cabo «en protesta por la denuncia presentada por ARCA». Esta medida sin precedentes significa que los estadios de toda Argentina permanecerán vacíos durante el período especificado, dejando a los aficionados y a las emisoras en el limbo mientras el drama legal que rodea a «Chiqui» Tapia continúa desarrollándose en los tribunales de Buenos Aires.

La presión legal sobre Tapia alcanzó su punto álgido el viernes pasado, cuando el juez Diego Amarante tomó la importante medida de dictar una prohibición de viajar contra el presidente de la federación. La investigación se centra en el presunto impago de cotizaciones a la seguridad social por un importe total de 19 000 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares) entre 2024 y 2025. Esta restricción de viaje se acompañó de una citación para que otros cuatro altos cargos comparecieran para ser interrogados, ya que el tribunal pretende descubrir presuntas irregularidades financieras.

Tapia no es el único peso pesado del fútbol argentino que está en el punto de mira de la investigación. El tribunal también ha citado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al secretario general, Cristian Malaspina, al director general, Gustavo Lorenzo, y al expresidente del Racing Club, Víctor Blanco. Estas figuras, que ocuparon puestos clave durante el periodo investigado, se encuentran ahora en el centro de un caso que ha paralizado de facto a las altas esferas de la jerarquía futbolística argentina.

A pesar de la gravedad de las acusaciones presentadas por la autoridad fiscal, la AFA ha mantenido su inocencia y ha cuestionado los fundamentos de la denuncia. Según la agencia tributaria, la federación supuestamente no depositó las cantidades retenidas en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de vencimiento, lo que dio lugar a la notificación de importantes avisos de deuda. Sin embargo, la AFA emitió una firme refutación en un comunicado de prensa el lunes, en el que afirmaba: «La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deudas pendientes por las obligaciones fiscales que han servido de base para la denuncia presentada por ARCA y que se utilizaron como fundamento para la decisión judicial de citar a las autoridades de esta entidad a prestar declaración investigatoria.

El pago voluntario de estas obligaciones tributarias se realizó antes de su fecha de vencimiento, lo que constituye la base del argumento que ya se presentó ante el tribunal interviniente y que, hasta la fecha, está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Apelación.

«ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no han vencido y que ni siquiera puede cobrar, se convierten en la base para la posible comisión de un delito fiscal, en abierta contradicción con las normas legales vigentes.

De acuerdo con la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional celebrada hoy, los directores, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron la suspensión de la jornada 9 de la LPF, que se disputa entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, y del resto de categorías de nuestro fútbol, en repudio a la denuncia presentada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino».