Contacto del Barcelona con Antoine Griezmann, un "crimen sin castigo"

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La normativa de FIFA exige a los clubes notificar por escrito al equipo del jugador antes de negociar con él, pero en la práctica no hay sanciones.

El 'bombazo' saltó en los primeros minutos de este viernes: Antoine Griezmann empezó a negociar con el Barcelona en noviembre y firmó un acuerdo con los blaugrana desde el pasado mes de marzo.

De confirmarse las alegaciones de "El Larguero" -que aseguró que existen pruebas documentales-, el Barça quedaría expuesto a sanciones si el Atlético decidiera denunciarle. Al menos, eso se desprende del artículo 18, apartado 3, del reglamento de transferencias de la FIFA:

Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes.

El artículo parece dejar en serio predicamento al Barcelona... hasta que uno llega a las "sanciones pertinentes". El reglamento no especifica sanciones para los casos particulares en los que los clubes violen sus disposiciones, sino que deja abierto un abanico de castigos a imponer según el Código Disciplinario de la FIFA, que incluye multas económicas, pérdida de partidos o puntos, descensos, exclusiones de competiciones o prohibición de fichar, entre otros.

Para encontrar un caso que establezca jurisprudencia sobre un caso similar toca remontarse hasta septiembre de 2009: el Lens había denunciado al Chelsea por inducir al entonces adolescente Gaël Kakuta a romper su contrato para firmar con los Blues en 2007. La FIFA sancionó al conjunto inglés con dos periodos de traspasos sin fichar, pero el casrtigo quedó anulado meses después tras la apelación del Chelsea ante el TAS.

No existen otros casos que resultaran en sanciones desde entonces. Para complicar aun más una posible denuncia del Atlético, el Barcelona puede ampararse en la existencia de la cláusula de recisión, existentes en todos los contratos profesionales del fútbol español bajo el Real Decreto 2006, que en la práctica invalidan la prohibición establecida por FIFA.

Como publicó El País en mayo de 2018, cuando también se vinculaba a Griezmann con el Barcelona, los servicios jurídicos del club catalán ya habían consultado en los meses previos las consecuencias que podía tener pagar la cláusula del francés.

Se entiende que si un jugador con contrato en vigor puede rescindir su contrato mediante este mecanismo lo normal es que haya conversaciones con el club en el que recalará. Griezmann tiene un acuerdo contractual con el Atlético hasta 2022, pero cada 30 de junio tiene la posibilidad de pagar su cláusula y para ello lo normal es que antes hubiera llegado a un acuerdo con un club.

El País, 10 de mayo de 2018

Ejemplo de estos contactos entre club comprador y jugador previo a la notificaci{on al equipo obligado a vendedor hay muchos, entre los más conocidos están las transferencias de Neymar al PSG, Javi Martínez al Bayern Múnich, Fernando Llorente a la Juventus, Kepa Arrizabalaga al Chelsea o recientemente Lucas Hernández al Bayern. Incluso el Atlético ha estado del otro lado de esta situación cuando pagó la cláusula de recisión de Vitolo al Sevilla.

Con estos antecedentes, se antoja poco probable que una denuncia del Atl{etico pueda resultar exitosa. Si acaso, el Barcelona podría afrontar una penalidad económica, pero no una sanción de mayores proporciones. 

El artículo sigue a continuación

¿La cláusula sería de 200 millones ó de 130?

Además de poder denunciar por incumplir la normativa de la FIFA, si el suspuesto contrato del que ha informado la Cadena Ser existe, el Atlético puede intentar acudir a los tribunales para realizar otra reclamación.

Los colchoneros podrían alegar que el momento en el que cerraron esa operación, Griezmann tenía una cláusula 200 millones y no de 130 millones, cifra a la que desciende la cláusula de rescisión a partir del 1 de julio.

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