Por primera vez en la historia del fútbol español, un partido sospechado de haber estado arreglado llegó a la Justicia Penal y las consecuencias para los implicados pueden ser demoledoras: según publicó el diario Marca, el fiscal a cargo de la Audiencia Provincial de Valencia solicitó una pena de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la pelota para todos los jugadores y los entrenadores que participaron del duelo entre Zaragoza y Levante en el que los Maños se salvaron del descenso en la temporada 2010/11.
A partir de la figura de 'coautoría', el fiscal decidió acusar a todos los implicados por igual. Así, entre los acusados por la Justicia quedó el capitán de River, Leonardo Ponzio, quien esta semana aseguró que aún no fue notificado al respecto: "Sé que el partido estuvo investigado y se volvió a abrir la causa. No hay llamados, no hay nada, a mis abogados no les llegó nada". Durante las primeras investigaciones se comprobó que el santafesino -al igual que al menos otros ocho jugadores de Zaragoza, el entrenador y el director deportivo-, habían recibido un pago en sus cuentas corrientes, pero luego retiraron el dinero y lo devolvieron en efectivo al presidente del club, Agapito Iglesias. Si bien ninguno reconoció que esa plata fuera para arreglar el resultado del encuentro, la acusación de la Justicia es que el plantel de Levante recibió 965 mil euros para dejarse perder.
En la causa hay otros dos argentinos que quedarán imputados cuando el pedido de penas se haga público en los próximos días: el mediocampista de Banfield Nicolás Bertolo y Leonardo Franco, quien actualmente es dirigente de Recreativo de Huelva. Además, figuras de la talla de Gabi (capitán de Atlético de Madrid), Ander Herrera (Manchester United) e Iborra (Leicester City) también forman parte de la acusación.
Más allá de lo serio de las acusaciones, en caso de que uno o todos los futbolistas imputados sean hallados culpables, es muy difícil que deban cumplir prisión efectiva por la corta extensión de la pena y la ausencia de antecedentes. La suspensión, en cambio, sería prácticamente imposible de evitar, aunque sí podría retrasarse su cumplimiento con la presentación de distintos recursos o el pedido de intervención de tribunales superiores.
