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El juez cree que se cometió un delito societario al convocar una Junta General Ordinaria para luego suspenderla

El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander considera que “en este momento procesal exiten indicios suficientes para imputar al ex presidente, Ángel Lavín, y ex consejeros del Racing de Santander por un “delito societario”. El juez ha accedido a la medida cautelar solicitada por el representante legal de WGA, socia mayoritaria del club, que presentó una denuncia contra el ex mandatario tras la suspensión de la Junta.

“Indiciariamente y al margen de lo que pueda resultar durante la instrucción de la causa, su conducta convocando Junta General Ordinaria para posteriormente suspenderla, parece constituir indiciariamente un fraude a los derechos de los accionistas al burlar con ello la más que segura convocatoria judicial que hubiere existido”, es decir, que hay indicios de que el Consejo de Administración del club nunca tuvo intención de celebrar la Junta General Ordinaria y de esta manera, frustrando los derechos de los accionistas a obtener información. “Sorprende igualmente la nula formalidad del acuerdo de suspensión adoptado por el Consejo de administración sin preaviso ni publicidad alguna más allá de una escueta nota de prensa", continua el juez.

Señala que “de no adoptarse la medida solicitada se permitiría la consumación del perjuicio antes aludido", por lo que se tiene que mantener la convocatoria de la Junta General Ordinaria del Racing y advierte que “de no efectuarlo, podrían incurrir en un delito de desobediencia a la Autoridad”.

Además, la personificación de WGA que presentó la denuncia, anteriormente había sido llamada a declarar junto a Ahasan Ali Syed para que comparecieran en la secretaría con el fin de comunicarles las calificaciones culpables que contra ellos se han presentado. Habían sido llamados a declarar del 22 de enero, pero que no asistieron a la citación. Así pues, tras presentarse en el Juzgado para presentar la denuncia sobre el presidente y el consejo, ahora tiene diez días para presentar un escrito de oposición a las calificaciones culpables. Una vez finalizados todos los trámites, el juzgado señalará la fecha del juicio.


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