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Las graves denuncias realizadas por un grupo de asistentes pone en tela de juicio a los involucrados, pero también cuestiona la credibilidad de una golpeada institución.

Las denuncias realizadas por Sergio Erices, Juan Donaire y Cristián Ramírez son más incendiarias que novedosas. Le ponen voz a rumores que hace bastante tiempo rondaban en la ANFP. Sean ciertas o no, es materia a investigar, sin la liviandad del estado etílico o las necesidades sexuales de un miembro del Comité, pero con la urgencia que ameritan. El análisis que debe hacer el fútbol chileno es paralelo, debe ir por recomponer una arista basal en la estructura del buen desarrollo de la actividad.

Hoy tenemos en cuestionamiento a la “fuerza moral” del fútbol, como certeramente lo dijo Gastón Castro. Y es que ese es un punto clave, la moralidad del arbitraje chileno no logra validarse. Los episodios bochornosos, las pésimas actuaciones en cancha, sumado a su eterno amateurismo, llevan a cuestionárselo con justicia. Difícil es exigir más cuando la actividad referil no pasa de ser un complemento en el diario vivir de la mayoría de jueces y asistentes.

Mayores son las dudas y menor la credibilidad si desde julio del presente año, el azar tomó las responsabilidades que los encargados no pudieron sobrellevar. Las designaciones de los jueces pasaron a manos de la fortuna, en un método que puede ligarse a la justicia, pero también a la incapacidad de cuerpo representante ¿Se puede validar una institución que no es legitimada para tomar decisiones?

Es en estos momentos complejos es cuando las entidades deben mostrar su validez y representatividad, pero el Comité Arbitral naufraga en sus dudas, apareciendo el populismo de muchos que desde distintas tribunas desencadenan un caudillismo mediático que sigue tirando la credibilidad del cuerpo arbitral al piso.

Tal vez las denuncias actuales nunca tendrán las pruebas claras de lo acontecido, no sabremos si Sánchez tenía dotes de crupier o si las visitas a Arica eran compensatorias por la mala suerte en el juego, pero hoy la responsabilidad escala a entes mayores. Llegó el momento de revisar las bases y renovar los nombres de una entidad que no da confianza ni entrega garantías.